Veto a la ley de emergencia en discapacidad: La fundación KANO repudió la decisión del Gobierno nacional
La Fundación KANO de Roca, que trabaja con personas que presentan distintas discapacidades, se sumó a los múltiples rechazos al veto presidencial de la ley de Emergencia en Discapacidad. Su directora, Ivana Vargas, manifestó con firmeza que la decisión del Ejecutivo nacional representa un grave retroceso en derechos adquiridos y pone en riesgo la continuidad de muchas prestaciones fundamentales. “El veto es un gran retroceso porque se vulneran nuevamente los derechos de las personas con discapacidad. Estaríamos retrocediendo treinta años con esta medida”, advirtió.
Entre los puntos más preocupantes, Vargas explicó que el veto deja libradas a las obras sociales la decisión de cubrir o no las prestaciones, lo que ya está derivando en recortes arbitrarios. “Lo que implica el veto es que se precaricen las prestaciones que hoy tienen las personas con discapacidad. Las obras sociales toman la decisión de cubrir o no alguna prestación, y lo que puede suceder es que vayan haciendo un recorte.(...)Y ahí queda la persona sin recibir esa prestación de salud, porque antes la ley obligaba a dar cobertura”.
La ley que fue vetada incluía, entre otros puntos, la regularización de pagos a prestadores y la actualización automática de aranceles, que, según Vargas, no se modifican desde octubre del 2024. “Contar con la ley de emergencia en discapacidad tenía como objetivo principal regularizar los pagos hacia los prestadores de servicios como nosotros, y actualizar los aranceles”, explicó. Otro aspecto que se ve afectado por el veto es el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público.
La Fundación actualmente brinda servicios de formación laboral, en muchos casos a jóvenes sin obra social. Frente al retiro del Estado y la falta de respuestas del sistema de salud pública, también comenzaron a cubrir otras necesidades básicas, como la entrega de pañales y medicamentos.
Vargas también apuntó contra la precarización laboral en espacios como los talleres protegidos, donde las personas trabajan por sumas bajas, sin actualización y con marcos normativos que ahora quedan debilitados. “El impacto que tiene el veto es que las instituciones no podemos seguir sosteniendo esta prestación. Se sigue precarizando a la persona”, señaló.
Finalmente, Vargas realizó un llamado a la responsabilidad política y a la solidaridad social:
“Creo que también es responsabilidad de todos los legisladores, diputados y decisores políticos que acompañen esta lucha. Sobre todo, porque son derechos adquiridos que no se están respetando. Retrocedimos treinta años, donde la persona en el mejor de los casos va a estar adentro de su hogar sin recibir ninguna prestación o estímulo. Así volvemos a invisibilizar a las personas con discapacidad. El Estado las trata como un déficit, y nosotros venimos a decir que son personas con derechos”.
Se pronunció firmemente en desacuerdo con la decisión, “Decimos ‘no’ al veto. Creemos que es una actitud discriminatoria. Llamamos a la comunidad a solidarizarse, a visibilizar lo que está sufriendo este colectivo, y sobre todo a que los decisores políticos hagan lo que tienen que hacer: gobernar para el pueblo”.