Sanciones: fueron aplicadas 74 cesantías y 4 exoneraciones a empleados estatales
Desde principios de 2024, una serie de incumplimientos laborales dentro del sector público de Río Negro ha resultado en 428 sanciones impuestas a empleados. Estas acciones disciplinarias incluyen 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones con duraciones que varían entre 1 y 30 días. Todas las sanciones han sido implementadas bajo el amparo de la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública del gobierno provincial.
El objetivo de estas medidas, orquestadas por la Secretaría de la Función Pública, es instaurar un orden en la administración pública mediante una política activamente enfocada en la eficiencia, asegurándose de cuidar los recursos estatales y respaldar a quienes laboran con dedicación y seriedad diariamente.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostiene que estas sanciones son esenciales no solo para mantener la gestión en orden, sino también para salvaguardar los recursos públicos y alentar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. "Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con contundencia ante quienes incumplen", afirmó Lastra.
Durante el mismo período de tiempo, se han iniciado 144 sumarios administrativos, así como la implementación de 71 suspensiones preventivas. Estas últimas son acciones provisionales que se aplican en casos donde la permanencia del empleado podría entorpecer el proceso de investigación. En las instancias más graves, las transgresiones que concluyen en cesantías o exoneraciones generalmente involucran abandono de servicio o implicaciones penales.
El proceso que lleva a una sanción es metódico y riguroso. Al detectar una posible falta, se activa un sumario administrativo liderado por instructores capacitados para indagar el incidente. Posteriormente, se presentan las pruebas ante la Junta de Disciplina, un organismo mixto compuesto por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales, encargados de evaluar las pruebas y emitir resoluciones sobre el caso.
El sistema judicial laboral en Rio Negro prescribe diversas sanciones según la gravedad del caso. Las sanciones van desde advertencias, que suelen aplicarse en faltas menores como inasistencias injustificadas, hasta cesantías, que suponen la desvinculación del agente con una futura posibilidad de reingresar tras cinco años. La exoneración, que es irrevocable y conlleva el despido definitivo, se reserva para situaciones legales de gravedad severa que impactan directamente al Estado.