SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL
Polémica propuesta de Patricia Bullrich: la Policía Federal podría patrullar las redes sociales
En una movida que ha suscitado una ola de críticas y preocupaciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumió el reto de reformar la Policía Federal Argentina (PFA) dotándola de un poder sin precedentes para operar en la era digital. En el centro de la controversia se encuentra una propuesta legislativa que la facultaría para monitorear redes sociales y otros espacios digitales sin la necesidad de una autorización judicial previa.
El núcleo de la iniciativa es crear un equivalente local del FBI, una entidad que tenga la capacidad y la estructura necesarias para gestionar amenazas complejas de la era digital y para asumir la prevención e investigación de delitos federales de manera más efectiva. La propuesta busca modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal vigente, permitiéndole nuevas funciones, especialmente en materia de inteligencia criminal, eso incluye desde la recolección hasta el análisis avanzado de información relacionada con posibles amenazas y actividades delictivas.
El punto más encarnizado de la discusión recae sobre el inciso 11 del artículo 6 del texto, que introduce la posibilidad de que agentes federales investiguen en espacios digitales públicos sin supervisión judicial. La falta de filtros y de supervisión judicial generó una onda expansiva de recelos entre abogados, activistas de derechos humanos y algunos sectores del Estado, quienes alertan sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.
Otra de las facetas de la polémica es la construcción de un marco que permitiría realizar arrestos sin autorización judicial previa cuando existan indicios de un delito inminente o consumado, en las que el sospechoso no pueda acreditar su identificación. Las implicaciones abiertas sobre los derechos ciudadanos son intensamente cuestionadas, potenciadas por un contexto histórico local marcado por la lucha en pro de las garantías legales durante el proceso judicial.
Además, el proyecto pretende habilitar a los agentes a obtener y manejar datos personales de individuos asociados a lo que clasifica como "actividades delictivas habituales", sin un claro acotamiento del vocabulario empleado, lo cual podría derivar en vigilancia excesiva de ciudadanos inocentes, siendo esto nuevamente un punto de preocupación entre los críticos del texto.
A pesar de la defensa del Gobierno, que aduce que "esta reforma es un paso hacia la modernización más que necesaria", para enfrentar las formas contemporáneas de criminalidad, el camino parlamentario del proyecto todavía necesita ser recorrido.