ACOSO LABORAL
Investigan una denuncia por violencia de género en la Universidad Nacional de Córdoba
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se encuentra inmersa en un caso judicial de gran envergadura debido a denuncias de violencia de género y acoso laboral que han sacudido los cimientos de su estructura administrativa. Este conflicto involucra a altos funcionarios de la casa de estudios y ha dado lugar a una investigación judicial que avanza con firmeza mientras aumenta la tensión en el ámbito universitario. La protagonista de este caso es la directora general de Sumarios, quien acusa a varios compañeros de hostigamiento y discriminación que, según sostiene, la han afectado profesional y personalmente.
El caso comenzó a gestarse hace más de un año cuando la directora, después de numerosos intentos fallidos de ver solucionada la situación por parte de las autoridades universitarias, decidió radicar su denuncia en la Mesa de Entrada de Denuncias por Violencia Familiar y de Género. En su relato, la funcionaria manifestó haber sido víctima de maltrato psicológico, humillaciones e invisibilización dentro del ámbito laboral, hechos que subrayan la amenaza constante que vive bajo un entorno opresor compuesto por colegas de antagónicos puntos de poder dentro de la UNC. “La autoridad no te quiere en el cargo” es una de las frases que, según la denunciante, le dirigieron los acusados, evidenciando el clima hostil y de presión en el entorno laboral.
A medida que la investigación judicial se desarrolla, se han cruzado nuevas denuncias que complican el panorama. Un grupo de empleadas del mismo departamento presentó una acusación en contra de la directora por acoso laboral, generando un ambiente de hostilidad y acusaciones mutuas que han capturado la atención de toda la comunidad universitaria. Las declaraciones de los involucrados y testigos continúan desplegándose en una pesquisa que parece estar cada vez más cerca de su desenlace. La prosecretaria general, Paola Campitelli, afirmó que el procedimiento avanza en tiempo y forma, con declaraciones a los involucrados y testigos, y que el proceso se encuentra cerca de su etapa final.
El caso se desarrolla en el marco de una política institucional que proclama a la UNC como un espacio abierto hacia políticas genuinas de inclusión y libertad de género. La denuncia de la directora señala que funcionarios universitarios tomaron medidas restrictivas que, según ella, más que protegerla agudizaron la violencia que dice experimentar desde 2022 cuando un subordinado le inquirió acerca de su eventual jubilación, comenzando así una escalada de comentarios que cuestionaban su autoridad y desempeño.
La crítica situación no sólo ha generado repercusiones dentro de la institución sino que remueve conciencias sobre la importancia de mecanismos robustos para la protección de derechos dentro del ámbito laboral universitario. A través de un proceso judicial que examina todas las aristas del asunto, se busca una resolución que pueda arrojar luz sobre un espectro de continuas transgresiones dentro de un marco institucional que, al proclamar educación inclusiva y no discriminativa, se enfrenta ahora con una crisis emanada desde sus propias profundidades estructurales.