Cuatro meses de prisión preventiva para los cinco acusados por el crimen de Julián Dobra
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres hombres y dos menores de edad por su presunta participación en el homicidio agravado por el uso de armas de Julián Dobra. Los acusados adultos quedaron en prisión preventiva por cuatro meses, mientras que los menores permanecerán en domicilios a cargo de sus progenitores, bajo custodia policial hasta que se disponga de tobilleras electrónicas. Fue una audiencia maratónica que se extendió por cinco horas.
Según la fiscalía, los eventos ocurrieron en General Roca entre el 17 de abril pasado y el 3 de mayo, minutos después de las tres de la madrugada. Entre los imputados se encuentran Julio Salgado (pintor), Leandro Navarro (panadero), Walter Méndez (albañil) y dos menores que habrían colaborado con el autor, aún no individualizado, del homicidio de Julián Tomás Dobra de la Canal.
La muerte se produjo entre el 17 de abril y 36 horas antes del 30 de abril, por un disparo de arma de fuego calibre 22 que ingresó en el parietal derecho de la cabeza. Posteriormente, el cuerpo fue ocultado en las bardas, a 120 metros de la calle Defensa Catini. La pistola utilizada, cargada con siete balas, también fue escondida, y el vehículo de la víctima fue hallado incendiado días después en la cantera Áridos, cercana a la ruta provincial 6.
La calificación legal de los hechos es la de homicidio simple, doblemente agravado por el uso de arma, en calidad de partícipes primarios. A los adultos se les agrava el delito por la participación de los menores de 18 años.
Durante más de 40 minutos, la Fiscalía describió la evidencia obtenida desde que comenzó la investigación el día que la madre de Julian hace la denuncia por desaparición; entrevistas a diversas personas, entre ellas empleadores, familiares y amigos de la víctima y la inmediata búsqueda por parte de la Policía.
Una vez que se halló el cuerpo, se sumó como sustento la declaración de policías, actas de procedimiento y del hallazgo del automóvil quemado y el resultado del trabajo realizado por el Gabinete de Criminalística y el cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Se incluyen las entrevistas de las personas que hallaron el cuerpo de la víctima y el auto, entre otros testimonios, algunos de identidad reservada. También se agrega el informe de verificación técnica que confirma que se trataba del vehículo de la víctima.
Mencionaron que cuentan con teléfonos celulares, dos de ellos secuestrados del Penal 2 de General Roca, donde está preso el hermano de uno de los acusados, restos de piedras, una barreta y rastros de calzado que deben ser analizados y cotejados con calzado secuestrado.
Se detuvieron en los resultados de la autopsia, que requerirá ampliación con estudios complementarios para precisar la hora y el día del deceso, además de otras lesiones. Aclararon en este sentido que el cuerpo tenía marcas de arrastre, dos disparos en la cabeza y la ropa de la víctima presentaba mucha sangre.
En cuanto a testimonios, cuentan con declaraciones que vinculan a la víctima con los imputados y que la pareja de uno de ellos lo vio con Julián días antes y con la misma ropa con la que fue hallado. Incluso se mencionó que uno de los menores utilizó el vehículo de la víctima el fin de semana anterior a su desaparición. Dijeron que la víctima se vinculó en el último tiempo con los imputados y que, si bien el móvil aún no está claro, existieron algunas situaciones previas que habrían enfrentado a la víctima con alguno de los imputados.
En relación a los veinte allanamientos simultáneos del jueves, indicaron los elementos obtenidos: en una de las viviendas secuestraron un arma calibre 22, zapatillas con rastros idénticos a los encontrados en cercanías del auto. Mencionaron que cuentan con registros de llamadas telefónicas entre uno de los imputados y la víctima que datan del 18 de abril, cuando uno de los imputados dejó de llamar a la víctima, cuanto antes lo hacía con frecuencia.
Agregaron que en la vivienda de uno de los menores encontraron “escondida en un tanque una campera con manchas hemáticas y otra moto que coincide con el otro rastro encontrado al lado del vehículo incendiado” El vehículo tenía pedido de secuestro desde el mes de marzo pasado.
“Creemos que todas estas personas han participado con un apoyo esencial para la tranquilidad de quien ejecutó a Julián; que tal situación no se dio en el lugar del hallazgo y que, entre la lesión mortal y el deceso, pasó un tiempo. Estuvo agonizando –aclararon– tal como surge a partir de la impronta de las heridas, y es probable que haya sido trasladado en su propio vehículo hasta el lugar en el que fue hallado su cuerpo”, dijo la acusación.
Los padres de la víctima, Tomas Jorge Dobra y Mónica de la Canal, estuvieron presentes en la audiencia, junto a los abogados querellantes, Oscar Pineda y Pablo Iribarren, por parte del padre y la abogada de la madre, Olga Marín, quien enfatizó la cercana relación que uno de los hombres imputados tenía con la víctima. “Las pruebas colectadas por la fiscalía lo sindican como el principal implicado, aunque aún no podamos sostener que es el autor del hecho”. La dupla de querellantes que contrató su padre adhirió y valoró la cantidad de evidencia obtenida por la fiscalía.
Por su parte, la defensa pública reiteró la enorme cantidad de información con la que la fiscalía llegó a la audiencia, aunque pidió la nulidad de la acusación por las imprecisiones de la misma. Aclaró que en el hecho se habla de un autor no identificado con quien habrían colaboraron los imputados, pero no precisaron “qué hizo cada uno de ellos y cuál es la evidencia que sustenta tales conductas, que deben ser claras”.
“Está afectado el derecho de defensa porque no sé de qué debo defender a cada uno de los imputados. No hay prueba”, enfatizó la defensora oficial. La defensora de menores también pidió que no se tengan por formulados los cargos, por argumentos similares: “No se explica de qué forma intervino en el hecho cada uno de los menores, no hay evidencia de ello ni pericia determinante”.
El Juez de Garantías, Martínez Vivot, validó la formulación de cargos y dispuso la prisión preventiva de los tres adultos en un establecimiento penitenciario y de los menores en sus domicilios, bajo custodia policial, hasta el 7 de septiembre.
Reserva de datos de menores de edad
Conforme lo previsto en el Código Procesal Penal y las reglas que dicta el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el juez trató el tema de la publicidad de la audiencia como cuestión previa. La defensora de menores penal solicitó que no se difundiera la identidad de los dos adolescentes de 16 y 17 años, ambos punibles. Invocó, además de normativa provincial, la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley nacional 20.056 sobre la Prohibición de la Difusión o Publicidad de Hechos Referidos a Menores de Edad.
En cumplimiento con la normativa vigente, el juez resolvió disponer la protección de la identidad de los menores imputados. Se prohibió la difusión de sus nombres y datos filiatorios, así como la toma y publicación de imágenes, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial. Esta medida se extendió a todos los medios de comunicación y redes sociales.