2025-04-22

Abogado sospechado de cobrar coima en AFIP: confirmaron el procesamiento y se encamina a juicio

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa de Juan Manuel González en un caso de "exacciones ilegales". Y detalló los argumentos y fundamentos del resonado caso.

En un acuerdo celebrado el 9 de abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, presidida por el juez Mariano Roberto Lozano, confirmó un fallo previo en relación con un recurso de apelación presentado por la defensa de Juan Manuel González, el abogado de la ex AFIP, acusado de cobrar coimas a contribuyentes de ese organismo.

Mirá además: Escándalo en AFIP: juez federal procesó a un abogado y funcionario de Neuquén por pedir coimas a los contribuyentes en Roca

El tribunal analizó los argumentos del recurso, centrados en la actuación de quienes entregaron dinero a González, quienes en el fallo apelado fueron considerados víctimas.

La defensa argumentaba que estas personas actuaron libremente, buscando una ventaja procesal, y no por ingenuidad o amedrentamiento. Sin embargo, la Cámara Federal sostuvo que, incluso si esta hipótesis fuera cierta, no exime de ilicitud criminal las conductas atribuidas a González.

El tribunal se remitió a la doctrina sobre el delito de exacciones ilegales, recordando que se configura cuando un funcionario público exige una dádiva para provecho propio. Los integrantes de la Cámara Federal enfatizaron que la verdad del argumento defensivo podría influir en la calificación de los hechos, pero no en su criminalidad.

Basándose en el artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación, la Cámara consideró que los fundamentos presentados en la apelación no eran suficientes para modificar la decisión del juez de primera instancia, a excepción de las consideraciones adicionales expuestas en el acuerdo.

Por lo tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió confirmar el pronunciamiento apelado, con costas. La resolución ratificada el 14 de abril de 2025 por los jueces de Cámara Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano.

El caso

A González lo acusan de solicitar coimas a distintos contribuyentes a quienes a cambio de una suma de dinero le frenaba los procesos de embargo que había en su contra. La denuncia fue presentada por la propia directora interna de Sumarios Administrativos quien se desempeñaba como letrado de la entidad.

En su accionar, el abogado también ofrecía facilidades con planes de pago en cuotas para cancelar los honorarios que percibía por ese supuesto accionar ilegal que llevaba adaelante y que por lo general acordaba fuera del edificio de la entidad recaudadora que está ubicado en Calle San Martín al 800, a pocos metros del Juzgado Federal de Roca donde hoy se tramita este legajo.

Una de las denuncias en su contra surgió el 15 de agosto del 2023 de parte de una persona que recibió la intimación de pago de una deuda. Al tomar contacto con AFIP en Roca, fue derivado con el letrado quien luego lo convocó en la vereda del edificio y allí le pidió 400 mil pesos a cambio de no llevar adelante la medida.

El segundo caso fue denunciado el 16 de agosto del 2023 cuando una persona explicó que fue a realizar una gestión por un controlador fiscal.

Y la última fue presentada por un empresario de la región a quien González también habría exigido el pago de una suma de dinero. La gestión la había iniciado la contadora de la firma quien llegó al organismo para firmar un plan de pago y de esa manera cancelar una deuda de la empresa en cuestión.

Según consta en la denuncia, el empresario fue contactado más tarde por el propio abogado quien lo convocó a una reunión también en inmediaciones al edificio de calle San Martín al 800.

El empresario tuvo un segundo encuentro que fue gravado parcialmente por el contribuyente a quien el accionar del abogado le había generado sospechas. Allí rechazó el pedido de coimas y más tarde fue notificado del inicio de las acciones legales por parte del organismo recaudador.

Juan Manuel González, el abogado imputado. Foto (Gentileza).

 

Con la denuncia en sus manos, el juez de primera instancia Hugo Greca decidió procesar al abogado por el delito de “exacciones ilegales” y “exacciones ilegales agravadas”, un delito que puede llegar a tener una pena que va desde los 2 a los 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

 
Te puede interesar