El Gobierno analiza dar de baja más de 220 mil pensiones por discapacidad laboral
En el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ha desatado una tormenta de irregularidades sin precedentes. Las auditorías llevadas a cabo han sacado a la luz situaciones que, más allá de la sorpresa, oscilan entre lo disparatado y lo escandaloso. Un acuciante ejemplo de dichas irregularidades son los beneficios otorgados bajo el paraguas de la Discapacidad Laboral, que ascienden a más del 50%, brindados en los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández exitos comprendidos no como una necesidad social genuina, sino como parte de una política de subsidios discrecionales.
Para ilustrar la magnitud del problema, se han encontrado certificados médicos fraudulentos que retratan amputaciones inexistentes, radiografías duplicadas hasta 150 veces para distintos trámites y diagnósticos insólitos como "pie plano" acreditando discapacidades permanentes. El sistema ha detectado casos de impostores, con individuos que simularon identidades distintas, y presos que lograron tramitar beneficios para los cuales no estaban calificados. Incluso, se han identificado fallecidos que continúan recibiendo $270 mil pesos mensuales en concepto de ayuda estatal.
Ante esta compleja situación, el actual gobierno de La Libertad Avanza, bajo la dirección del Ministro Mario Lugones, ha enarbolado una cruzada por el reordenamiento del sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL). En esta misión, se enviaron 300 mil cartas documento para dar inicio a la depuración de este sistema y auditar exhaustivamente a más de un millón de beneficiarios de estas pensiones cuestionadas. Para abril, el número de misivas alcanzó las 470 mil, de las cuales casi 250 mil fueron entregadas correctamente.
Curiosamente, 70% de aquellas que no llegaron a destino fue debido a direcciones incorrectas. Además, el 10% de los destinatarios expresó desconocer a quienes figuraban en los documentos. Desconcertante resulta también el número de individuos fallecidos que había seguido percibiendo beneficios. Otros beneficiarios, alrededor de 11.000, mudaron su domicilio y omitieron notificar el cambio, mientras otros rechazaron recibir las intimaciones o incluso renunciaron a las mismas tras recibirlas.
Las estadísticas del Ministerio indican que actualmente, el examen de estas pensiones avanza de forma agresiva pero meticulosa, con el fin de cumplir con los requisitos legales estipulados en el decreto 842/2024. A la fecha, se han completado 83.616 entrevistas médicas, y hay más de 128.660 agendas médicas programadas para el próximo periodo. En definitiva, se estima que alrededor de 225 mil pensiones podrían ser revocadas a corto plazo debido a distintas anomalías.
Esta vasta operación, si mantiene sus pasos calculados como hasta ahora, representaría un salvamento financiero significativo para el Estado argentino. Proyecciones oficiales, avaladas por ANDIS y el Ministerio de Salud esperan un ahorro potencial de 900 mil millones pesos para el año 2025, una suma que traducida a moneda extranjera, representa más de 700 millones de dólares, un monto determinante para el resguardo y adecuado uso de los recursos públicos, y un paso firme hacia una administración de justicia social más equitativa y alineada con aquellos quienes realmente lo requieren.