Falta de agua en Parque Ladrillero: la justicia admitió un amparo y busca reactivar la producción
Luego de un largo proceso, los trabajadores de la Cooperativa ladrillera de General Roca obtuvieron un avance clave en su reclamo por la provisión de agua: la Justicia de Río Negro admitió el recurso de amparo colectivo presentado por la organización, luego de más de dos meses sin suministro en el Parque Industrial II.
El sistema de suministro de agua del Parque Ladrillero fue instalado en 2022 con financiamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en convenio con la Municipalidad. En 2023 se avanzó con la red de agua en el predio, con la colocación de 1.900 metros de cañería para garantizar el acceso directo a los hornos. Sin embargo, la rotura de la bomba paralizó la producción. Desde el Municipio indicaron que la solución depende de la reparación de la bomba.
La falta del servicio, ha impedido la fabricación de ladrillos y compromete el ingreso de las familias que dependen de esta actividad. Los trabajadores mantuvieron reuniones con autoridades municipales, entre ellas la secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible, Florencia Girardelli, y el secretario de Gobierno, Pablo Rolo. Pero, hasta el momento no han obtenido respuestas concretas.
¿Qué dijo la justicia?
El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°1 de Roca resolvió que la situación vulnera derechos fundamentales y que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al agua. En su fallo, la jueza Agustina Naffa destacó que el agua es un recurso esencial y que su carencia impacta directamente en el trabajo de los ladrilleros.
El municipio de General Roca fue citado a presentar un informe, detallando si hubo reclamos formales, cuál es el estado de los trámites y las razones de la interrupción del servicio. También deberá informar si se ofrecieron soluciones alternativas y en qué consistieron.
Desde la cooperativa de trabajadores indicaron que la decisión judicial representa un paso importante y esperan una respuesta concreta de las autoridades. De persistir la falta de avances, la Justicia podría convocar a una audiencia de conciliación para garantizar el acceso al agua y evitar mayores perjuicios para los trabajadores.