INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PÚBLICO
Denuncian penalmente a Milei, Bullrich y Caputo por los incendios en la Patagonia
En un contexto de creciente preocupación nacional e internacional, las acusaciones sobre el desmantelamiento de políticas ambientales por parte del Gobierno Nacional han encendido el debate en torno a la gestión de sus recursos y responsabilidades.
En esta ocasión, las críticas se dirigen hacia el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo, involucrados en una grave denuncia penal por su presunta inoperancia en la respuesta a devastadores incendios que azotan la Patagonia.
La denuncia, promovida por el abogado Gregorio Dalbón, se apoya en lo que califica como "violaciones deliberadas" de las normas que protegen tanto al ambiente como a las comunidades afectadas. A su entender, los recortes de presupuesto y la reducción de personal en áreas clave para la gestión de fuegos no son meras coincidencias, sino una pauta gubernamental que pone en riesgo a la población. Dalbón, en su contundente escrito, solicita una investigación exhaustiva que esclarezca hasta qué punto existe responsabilidad administrativa en la escalada de los incendios.
Las políticas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego también han quedado en el centro del huracán. Según la denuncia, los recortes presupuestarios no solo han obstaculizado la operatividad del servicio, sino que han sumido al país en una situación de indefensión ante emergencias ambientales previamente evitables. Las consecuencias de esta administración reducida se han visto reflejadas en informes de organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que evidencian una preocupante contracción en los recursos destinados a la gestión de los incendios.
Un elemento adicional del altercado es la supuesta criminalización del pueblo mapuche, señalados erróneamente como responsables de los incendios, en un intento, según señalan las denuncias, de desviar la atención pública de las fallas gubernamentales. Esta táctica parece alinearse con patrones descriptos por la Relatoría Especial de ONU, que ha advertido sobre el uso de discursos estigmatizantes hacia comunidades indígenas para justificar medidas represivas.
Entre las acciones requeridas en el proceso judicial, se busca obtener respuestas concretas sobre el uso presupuestario y la asignación de recursos para el manejo del fuego. En un contexto de reducciones presupuestarias significativas en varias áreas de protección ambiental, la indagatoria no solo apunta a los actuales episodios de incendios, sino a un patrón más amplio de acción política que prioriza otros gastos por sobre el bienestar medioambiental.