ELIMINADA POR DECRETO
Trump fue demandado por más de 20 estados tras eliminar la ciudadanía por nacimiento
El presidente Donald Trump ha emitido un controvertido decreto que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Este paso sin precedentes ha sacudido el escenario político y legal del país, encendiendo llamadas de controversia y un torrente de demandas judiciales.
La decisión de Trump se enmarca en una estrategia más amplia que busca "reforzar sus políticas de inmigración y atraer a su base de apoyo más conservadora". Con esta medida, los niños nacidos en Estados Unidos de padres no documentados ya no recibirían automáticamente la ciudadanía, siempre y cuando ambos progenitores no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
En la práctica, esto busca alterar lo que es un derecho establecido por la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, puesta en vigor hace más de un siglo para otorgar ciudadanía a todos los nacidos en territorio estadounidense sin excepción del estatus migratorio de los padres.
La reacción ha sido rápida y feroz. Un grupo significativo de 22 estados, encabezado por Massachusetts y que incluye a otros como Nueva Jersey, Nueva York y California, ha lanzado una ofensiva legal contra la orden de Trump. Alegan que no sólo es una violación flagrante de los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también imponen cargas financieras indebidas sobre los gobiernos estatales debido a la pérdida potencial de financiamiento federal para programas sociales críticos, incluidos los seguros médicos infantiles.
La coalición que desafió a Trump argumenta que el intento de cambiar lo que ha sido un principio fundamental durante 150 años es ilegítimo. "El presidente no tiene la autoridad para reescribir una enmienda constitucional", declara enfáticamente Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.
Además, otra demanda ha sido interpuesta en Seattle por un grupo de cuatro estados y diversas organizaciones de derechos civiles también han presentado alegatos en sitios como New Hampshire. Estas entidades advierten que la medida de Trump, más allá de ser un acto inconstitucional, podría potencialmente desestabilizar comunidades al crear una clase de individuos apátridas y correr el riesgo de dividir familias.
Los fiscales generales, demócratas en su mayoría, así como líderes de derechos civiles están decididos a llevar el caso hasta la última instancia posible en el sistema judicial, reiterando que un cambio tan profundo en la conceptualización de la ciudadanía requiere de un consenso más amplio y no puede quedar en manos de un decreto presidencial.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, enfatizó que la polémica orden es una amenaza directa no sólo para el principio constitucional de increíble antigüedad, sino también para el tejido social del país entero.