Bullrich seguirá haciendo compras secretas en el shopping de armas

El Boletín Oficial ha dado a conocer un decreto presidencial que ha encendido las alarmas en términos de adquisiciones de defensa. La medida, tomada por el gobierno de Javier Milei, busca dotar al Ministerio de Seguridad de sistemas antidrones, pero lo hace bajo un manto de secretismo que, para muchos, es visto con recelo.

Este anuncio surge en un contexto de creciente preocupación por la presencia de drones civiles en el país, luego de una serie de incidentes que han puesto en duda la inocuidad de estos vehículos aéreos no tripulados.

En noviembre y diciembre se reportaron dos incidentes significativos en los cuales drones cayeron cerca de la Embajada de Israel y en el Congreso de la Nación, respectivamente. Ambos eventos tuvieron una amplia cobertura mediática y contribuyeron al clima de inquietud acerca de las verdaderas intenciones detrás del uso civil de drones.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, los drones podrían ser usados maliciosamente en ataques terroristas, transporte ilegal de objetos en contextos penitenciales y otros fines clandestinos. Son estos potenciales usos los que han impulsado la decisión de adquirir antidrones.

Sin embargo, lo peculiar de esta compra no está únicamente en los motivos, sino en la forma en que se llevará a cabo: será una operación secreta. El documento oficial justifica esta decisión argumentando que exponer los detalles de la adquisición podría ser contraproducente, ya que permitiría a otros evitar las medidas de seguridad previstas. Por ende, el ministerio que dirige Patricia Bullrich insiste en realizar estas compras sin que la ciudadanía conozca los pormenores del equipamiento que se pretende adquirir.

A pesar de las preocupaciones legítimas sobre la seguridad nacional que se citan como excusa para esta acción, han surgido críticas hacia este enfoque opaco. Algunos sectores cuestionan la naturaleza confidencial del proceso, arguyendo que debería existir un máximo de transparencia cuando se trata de adquisiciones con recursos públicos. La transferencia sigue adelante con la garantía de la intervención del servicio jurídico del ministerio para cerciorarse de que nada transgreda las normativas legales pertinentes.