Durante el 2024 el Gobierno recortó en un 79% el presupuesto estatal para la Iglesia Católica
En un escenario de ajuste generalizado en las finanzas públicas, el Gobierno ha implementado un significativo recorte del 79% en términos reales de los fondos dirigidos a la Iglesia Católica a través de la Secretaría de Culto. Este ajuste presupuestario refleja tanto una necesidad económica como un cambio en la relación del Estado con la Iglesia, un tema que ha suscitado debates intensos en el pasado, especialmente en 2018 durante el auge del movimiento por la legalización del aborto.
Desde entonces, la Conferencia Episcopal ha iniciado un proceso hacia la autosustentabilidad, reduciendo gradualmente la dependencia de subsidios para los obispos. Aunque los presupuestos aún incluyen financiamiento, el programa técnico llamado "Registro y Sostenimiento de Culto" ha experimentado un gasto que pasó de $194,4 millones en 2023 a $132,3 millones en 2024, un ajuste nominal del 32% y 79% en términos reales. Este cambio, sin embargo, se ha visto reflejado de manera desigual a lo largo del año, con períodos sin devengos de acuerdo con informes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.
La eliminación de la asignación mensual de $55.000 a arzobispos y obispos desde finales de 2023, decidida por la propia Iglesia, ha sido un paso crucial en este proceso de reestructuración financiera. Esta suma, establecida por una ley de la dictadura militar, no fue actualizada por inflación durante cinco años, haciendo su suspensión una acción más simbólica que económica.
A pesar de los recortes, el presupuesto sigue destinando recursos a la "Asistencia Financiera al Culto Católico", apoyando a un cuerpo de líderes eclesiásticos y seminaristas. Sin embargo, la autonomía de la Iglesia en la gestión de estos fondos es notable, ya que es la institución la que decide su asignación específica. Además de estas transferencias directas, existen otros aportes significativos, como las subvenciones para comedores gestionados por organizaciones como Cáritas, que recibió más de $3.661 millones por parte del Ministerio de Capital Humano durante el año pasado.
El financiamiento de la Iglesia no se limita solamente a los aportes estatales. Según representantes eclesiásticos, una parte sustancial proviene de los fieles, así como de alianzas con organizaciones como UNICEF y empresas privadas. Estos ingresos adicionales permiten a la Iglesia sostener una amplia variedad de proyectos dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Dentro de estos esfuerzos, destaca el programa de Financiamiento Eclesial (FE), implementado en 2020, diseñado para robustecer la autosuficiencia financiera de la Iglesia. A lo largo de los últimos años, esta institución ha mantenido un papel fundamental en la asistencia a las comunidades más necesitadas, abordando tanto necesidades inmediatas de alimentación como iniciativas educativas y de vivienda. Ante el creciente desafío social, representantes de la Iglesia como el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, han instado al Gobierno a garantizar que los sacrificios fiscales no recaigan desproporcionadamente sobre los más débiles.