MILEI SIGUE CON LA MOTOSIERRA
El Gobierno prorrogó una norma que condiciona los salarios estatales
La reciente decisión del gobierno de extender las normativas salariales relacionadas con el sector público ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social.
Bajo la administración de Javier Milei, el gobierno ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos para la negociación salarial en el Sector Público Nacional. Esta medida se enmarca dentro de una política más amplia de reducción del gasto público y busca, según el ejecutivo, optimizar recursos y asegurar la equidad salarial entre trabajadores estatales.
Esta prórroga fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 1/2025, aprobada por Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. La disposición actualiza y extiende la vigencia de una decisión previa, la Nº 28/2024, emitida el año anterior. Entre sus pilares primordiales, el documento destaca la actualización salarial, que debe realizarse a través de negociaciones colectivas en línea con el marco normativo vigente.
Se insiste en que dichas negociaciones deben contemplar las previsiones presupuestarias actuales y respetar los criterios generales de paritaria establecidas por leyes previamente acordadas, como la Ley N° 24.185. Además, se subraya la importancia de negociar dentro de los límites presupuestarios existentes para fomentar la equidad y eficiencia en el gasto público.
No obstante, la implementación de estos lineamientos ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha planteado su descontento, señalando que la prórroga de estos lineamientos busca demorarlas actualizaciones salariales para continuar con el ajuste fiscal.
Un ajuste que, según la ATE, ha llevado a una significativa pérdida del poder adquisitivo del personal estatal desde que Milei asumió el poder. La inflación acumulada del 112% contrasta con un aumento salarial del 73%, razón por la cual se denuncia una merma de aproximadamente el 40% en términos reales del salario.
El pedido que resuena entre los gremios es la implementación de una suma fija que pueda restituir el ingreso de los sectores con salarios más bajos. El personal civil de las Fuerzas Armadas, el SINEP y el personal de salud han mostrado una vulnerabilidad mayor en este sentido.
A esta situación se suma la incertidumbre laboral derivada de la no renovación de numerosos contratos temporales al cierre de 2024. Más de 35.000 trabajadores han dejado de pertenecer a la planta estatal desde diciembre, con más de 57.000 contratos temporales esperando una resolución final respecto a su renovación.