ECONOMÍA
El Gobierno permitirá la exportación de chatarra y residuos metálicos
El Gobierno ha decidido no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, los cuales llevaban más de una década impidiendo la exportación de chatarra y residuos metálicos al extranjero. Esta decisión, liderada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, marca un cambio significativo en la política de exportación de desechos metálicos.
Según las declaraciones del ministro, publicadas a través de su cuenta en la plataforma social X, la medida se sustenta en la visión del presidente Javier Milei, quien ha subrayado que el poder del Estado no debe ser utilizado para intervenir de manera arbitraria en el mercado.
Sturzenegger argumenta que la prohibición inicial deprimía los precios locales de los desechos y actuaba como un desincentivo al reciclado. Esto, a su vez, impedía el desarrollo de numerosos negocios potencialmente lucrativos dentro del sector del reciclado, incluyendo el reciclado de cables de cobre y otros metales no ferrosos, cuya demanda en mercados internacionales es significativa.
La normativa previa, al prohibir la exportación, beneficiaba solamente a quienes procesaban los desechos, pero perjudicaba a las numerosas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la recolección y reciclaje de estos materiales. Durante meses, las autoridades recibieron una montaña de quejas por parte de estas empresas sobre cómo la política obstaculizaba su crecimiento y su capacidad para participar en un mercado global más competitivo.
Resulta crucial evaluar cómo una norma originalmente temporal, instaurada en julio de 2009, se perpetuó durante años mediante renovaciones subsiguientes en diversas administraciones, que van desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Alberto Fernández. Estas renovaciones constantes reflejan una tendencia en el país donde las medidas 'temporales' se solidifican rápidamente en regulaciones permanentes que, según Sturzenegger, han perjudicado más de lo que han beneficiado en términos de desarrollo económico sostenible.
La revocación de estos decretos permitirá no solo desbloquear oportunidades de negocio cruciales para el sector del reciclado en Argentina, sino que además podría sentar precedentes para futuros ajustes regulatorios. El reto ahora radica en equilibrar estos potenciales de negocio con una regulación adecuada que venga a reforzar el compromiso con prácticas sostenibles y con la necesaria protección de recursos naturales, fomentando un crecimiento equitativo y ecológicamente responsable.