El Gobierno de Milei congeló las contrataciones en el Estado
El Gobierno de Javier Milei ha implementado nuevas medidas que inhiben la contratación de empleados públicos en un esfuerzo por reducir el gasto del sector estatal. Esta regulación es parte de un marco más amplio diseñado para ajustar el tamaño del personal gubernamental y controlar el gasto fiscal. Según datos oficiales, alrededor de 36,000 empleados públicos fueron cesanteados durante el año 2024, una cifra que refleja el alcance de las políticas de reestructuración del sector público.
El reciente anuncio efectuado a través del Boletín Oficial comprende dos decretos, los números 1148/2024 y 1149/2024. Ambos instrumentos legales introducen un nuevo régimen para el trabajo en el sector público, estableciendo una serie de normativas estrictas. Así, no solo se suspenden nuevas contrataciones, sino que también se estipula la duración máxima de los contratos vigentes. Esta avanzada sobre el sector público lleva la aprobación del presidente Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
No obstante, estas medidas restrictivas no son absolutas. La normativa prevé una serie de excepciones significativas a la prohibición general de contrataciones. Se permite que continúen realizando designaciones específicas en áreas clave y consideradas de interés estratégico para el país, como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, diversas universidades, el Servicio Exterior y las fuerzas de parques nacionales, entre otros sectores.
Una particularidad que destaca dentro de la iniciativa es el instaurado sistema "3x1", por el cual para cada nueva contratación se requiere la desvinculación de tres empleados actuales. Este sistema refleja la ambición gubernamental de mantener una cubierta estrictamente controlada de empleados públicos, incluso mientras se intentan preservar y fomentar capacidades y competencias necesarias dentro de la función pública.
Este enfoque no ha estado exento de críticas y debates dentro del país. Mientras algunos observadores alaban las medidas por su potencial para reducir el gasto público y fomentar una administración estatal más eficiente, otros preocupan por el impacto social y laboral inmediatos y las significativas pérdidas de empleo que han acompañado estas reformas.