Administración fraudulenta en el colegio médico: imputaron al exvicepresidente de la institución
Por la causa en la que se investiga una presunta administración fraudulenta de exintegrantes de la comisión directa de Colegio Médico de Villa Regina en la que están bajo investigación tres médicos y una empleada administrativa de la institución; un juez de revisión revirtió un fallo del juez de Garantías e imputó al exvicepresidente quien continuaba vinculado al expediente, pero sin imputación en su contra.
La resolución se conoció esta semana con la decisión adoptada por el juez de Revisión sobre las imputaciones a los exintegrantes de la comisión directiva.
La investigación se inició en abril a partir de la denuncia que presentaron quienes encabezan actualmente el Colegio Médico de Villa Regina al detectar maniobras sistemáticas para el desvío de fondos provenientes del PAMI transferidos en montos inferiores a prestadores; mientras que el restante porcentaje fue imputado a otras cuentas no vinculadas a la actividad médica. Según la denuncia esta maniobra se llevó adelante entre enero de 2020 y noviembre de 2021.
En la audiencia de formulación de cargos que se realizó en junio contra el expresidente de la comisión directiva, Antonio Wegierski, el exvicepresidente Edgardo Fernández, el exsecretario de Finanzas, Oscar Bogado y la exempleada administrativa, Susana García; el juez de Garantías Gastón Pierroni tuvo por formulados los cargos contra tres de ellos, y no así contra Fernández por no detallarse su participación en la maniobra, aunque continuó vinculado a la causa.
Ahora en la instancia de Revisión, el juez Maximiliano Camarda revirtió la decisión del juez de Garantías e imputó a Edgardo Fernández en la causa por administración fraudulenta.
La fiscal Vanesa Cascallares y los abogados querellante Oscar Pineda y Pablo Iribarren, habían solicitado la revisión de lo actuado por el juez de Garantías en cuanto a no imputar cargos contra el exvicepresidente del Colegio Médico de Villa Regina.
En este sentido, Camarda en su resolución sostuvo que el juez de Garantías “se excedió en la valoración de la evidencia”, dado que este es un paso que se lleva adelante en la instancia de control de acusación, mientras que el Tribunal de Juicio es en definitiva que debe ponderar las pruebas.