En noviembre comenzará a regir el "silencio positivo administrativo": ¿de qué se trata?

En una movida enfocada en la "eficiencia del aparato estatal", el gobierno de Javier Milei avanza en la reglamentación de la Ley Bases, específicamente con la implementación del concepto de "silencio positivo administrativo".

A partir de este lunes, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 836/2024 firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Canciller Diana Mondino, estipulando que este mecanismo se aplicará desde el 1° de noviembre de 2024.

La esencia del silencio positivo administrativo radica en que, si el Estado no responde dentro de un plazo establecido frente a una solicitud administrativa, se interpretará automáticamente como aceptada. Esta metodología invierte la lógica previa, en la que el silencio equivalía a una negativa. Ahora, a falta de una respuesta estatal, la petición tendrá una aprobación automática, lo que según los promotores busca dinamizar el funcionamiento burocrático.

El nuevo reglamento establece que todas las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deben adoptar este mecanismo en sus procedimientos administrativos a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o cualquier otra herramienta tecnológica que la repartición tenga en uso. Esto abarca una amplia gama de trámites, aunque excluye áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y servicios públicos, donde se necesita una respuesta explícita del ente regulador.

Los beneficios de este cambio apuntan directamente a "simplificar y acelerar los trámites administrativos y evitar que la falta de respuesta paralice los procesos". Con esta reforma, Milei busca "asegurar que los derechos y solicitudes de los ciudadanos no se vean perjudicados por la burocracia".

Algunos sectores argumentan que el silencio positivo podría beneficiar desproporcionadamente a grandes empresas con mayor capacidad de presión, dejando de lado a sectores más vulnerables. Esta desventaja se suma a la preocupación de que la normativa no contempla adecuadamente la diversidad de casos y contextos que enfrenta la administración pública.