Un contador del Alto Valle en la mira por la administración fraudulenta de al menos 39 millones de pesos
Este martes a la mañana, se llevaron a cabo siete allanamientos en cuatro ciudades del Alto Valle, en las provincias de Neuquén y Río Negro, como parte de una investigación que involucra a un contador acusado de administración fraudulenta por un monto de al menos 39 millones de pesos.
La fiscalía, a cargo de la fiscal Rocío Rivero, está investigando al contador tras una denuncia recibida a principios de julio de 2024 por el departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén.
Según la denuncia, un representante de una empresa privada fue contactado por una tarjeta de crédito que reclamaba el pago de 39 millones de pesos correspondientes a una tarjeta corporativa. El denunciante indicó que el responsable de efectuar estos pagos era un contador domiciliado en Fernández Oro, quien había proporcionado un comprobante de pago que resultó ser falsificado.
Además, el denunciante detectó otras irregularidades, como el uso de fondos de la empresa para beneficio propio y la realización de certificaciones falsas para desviar fondos. Estos hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024.
Durante los allanamientos, Rivero ordenó el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, pendrives, discos externos, dinero en efectivo y documentación relacionada con transferencias bancarias, pagos, facturas, libros contables, chequeras, recibos y remitos. Los procedimientos se realizaron en viviendas particulares y oficinas comerciales en las ciudades de Rincón de los Sauces, Allen, Fernández Oro y Cipolletti.
No se realizaron detenciones durante los allanamientos, pero la fiscal solicitó la identificación de diversas personas presentes en las viviendas y oficinas.
"Una vez que procesemos el contenido de esta información, estaremos en condiciones de definir si corresponde o no formular cargos, y eventualmente, a quién o quiénes debe comprender", explicó Rivero, quien trabaja bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y con el apoyo de la asistente letrada Agustina Jara.
Administración fraudulenta
El delito de administración fraudulenta, tipificado en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, se aplica a quienes, por disposición de la ley, autoridad o acto jurídico, tienen a su cargo la administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y violan sus deberes, perjudicando lo que se les confió con la intención de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero, o causar daño. La pena para este delito va de dos a seis años de prisión y se agrava si el fraude se comete en perjuicio de la administración pública.
Este tipo penal requiere que la acción del autor sea con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de llevar adelante una conducta perjudicial, y que tenga la intención de obtener una ventaja económica indebida.
La investigación continúa y se espera que, una vez analizada toda la información recolectada, se tomen decisiones sobre la formulación de cargos y la identificación de los responsables.