Buscan externar a los pacientes de Valle Sereno y ATSA muestra preocupación

La ley N° 5349 de Salud Mental, Tratamiento y Rehabilitación de las Personas con Sufrimiento Mental tiene la premisa la internación se concibe como último recurso terapéutico y luego del agotamiento de todas las formas y posibilidades terapéuticas previas. 

Esta Ley de 2018 vino a reemplazar las 2440 de 1991 y legislación busca externar a las personas que se encuentren dentro de los manicomios, neuropsiquiátricos o cualquier otro equivalente, público o privado.

Luego de la elaboración de un informe producto del monitoreo realizado en el mes de abril por parte del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), la defensora del pueblo, Adriana Santagati, convocó a las autoridades competentes en la temática a los efectos de coordinar estrategias a corto plazo, para concluir con la externación de las 25 personas alojadas en el Instituto Valle Sereno.

En el encuentro estuvieron presentes, además de la defensora Santagati, la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, Antonella Mirenghi; el presidente de IPROSS, Alejandro Marenco; la secretaria de Acompañamiento y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Mónica Larrañaga, y la coordinadora del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud, Fernanda Oyola Arias.

"Como resultado de la reunión y del compromiso de las distintas instituciones, se establecieron plazos para el diseño del dispositivo interinstitucional que será previamente evaluado por el equipo del ORSM para su pronta puesta en marcha, con el objetivo de dar solución definitiva a este tema" señalaron desde la Defensoría del Pueblo.

Cabe destacar que la ley, señala en su primer artículo "La internación se concibe como último recurso terapéutico y luego del agotamiento de todas las formas y posibilidades terapéuticas previas" y que "En caso de ser imprescindible la
internación, la misma procede con el objeto de lograr la más pronta recuperación y resocialización de la persona, debiendo procurarse en todos los casos que el tiempo de su duración se reduzca al mínimo posible".

Sin embargo, esta situación genera preocupación en el Sindicato de los Trabajadores de la Sanidad (ATSA). La Secretaria General, Gloria Ovejero, manifestó que "la Justicia está obligando a que se cumpla la ley y que externen a todo el mundo. O sea, que se cierre básicamente el lugar. Nosotros exigimos que haya alguna modificación de la ley para que no queden en la calle".

Ovejero asegura que "Los pacientes son externados y la justicia no garantiza protección alguna para ellos, quedan a la deriva, no les dan ninguna garantía de protección".

Por último, también comentó que preocupan los 25 puestos laborales, ya que podrían quedar sin trabajo las personas que prestan servicios en Valle Sereno. A eso, se le suma la gran deuda de salarios que mantiene la institución.