Preguntas que siguen sin respuestas y tres víctimas sin justicia

María Emilia González habría cumplido 49 años; sería una docente aplicada a su profesión y preocupada por el bienestar de la familia. “Paulita”, como le decían en la casa, con sus 42 años, andaría mostrando su carácter independiente, con una vocación que todavía no se le había revelado. Verónica, con sus 47 años, sería una agrónoma dedicada, tratando de acercar sus conocimientos a los pequeños productores o tal vez trabajando con algunos grupos de la agricultura familiar. Agustina habría pasado su cumple número 27 con menos exposición pero disfrutando de esa mamá que intenta recordar más allá de las fotos y las tapas de los diarios.

Ulises y Susana tal vez se habrían ido a vivir igual a El Bolsón, para disfrutar del paisaje y el clima particular de la “comarca”, pero estarían con la sonrisa más fácil y sin la sombra de la tragedia. Juan y Ofelia quizás continuarían viviendo en aquella casa del barrio Brentana; Juan trabajando en el comercio; Ofelia encontrando alguna buena causa para defender.

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Guido habría podido crecer sin el peso ni “la culpa” de ser el único de los hijos de Ulises y Susana que quedaba con vida. Los hermanos de Verónica habrían podido desarrollarse con menos miedos. La sociedad de Cipolletti no tendría el doloroso recuerdo de aquellos días, y sobre todo Río Negro no estaría pesando ese fantasma de impunidad que quedó instalado.

Los tribunales tal vez habrían llegado finalmente al Alto Valle Oeste; y las reformas judiciales se habrían tenido que realizar aunque más pausamente.

La realidad fue más cruel. El 9 de noviembre de 1997, Verónica Villar y las hermanas Paula y María Emilia González fueron secuestradas, torturadas, vejadas y asesinadas. Sus cuerpos se encontraron dos días después.

La historia contrafáctica es solo un ejercicio de la imaginación. Apenas si sirve para darse una ideá de cómo estaría funcionando si ese día las cosas pasaban de otro modo. Si las chicas no salían a caminar el domingo; si un amigo llamaba para invitarla a pasar la tarde en el río; si simplemente no hubieran tenido ganas.

Pasaron 25 años de aquel 11 de noviembre de 1997. Era martes, era cerca del mediodía, cuando Ulises y Juan salían destrozados de aquel montecito de olivillos ubicado al costado de las vías. El ramal que antiguamente unía a Cipolletti con el dique Cordero. Allí, esos atribulados padres acababan de confirmar que los tres cuerpos eran de las hijas que buscaban desesperadamente desde hacía 48 horas.

Por supuesto, nada de lo que ocurrió después pudo ser “normal” para las familias, sus allegados ni para la sociedad rionegrina en general. Un crimen de semejante naturaleza, esclarecido a medias, permanece en la conciencia colectiva como una mancha que queda pendiente. Suspendido en el espacio y en el tiempo. Una herida social que nunca cicatrizó.

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¿Se investigó lo suficiente? Tal vez si se hubiera hecho, se habría desentrañado el misterio. En cambio, Claudio Kielmaz – un individuo asocial diagnosticado con una personalidad psicopática -, fue el único condenado. ¿Pudo haberlo hecho? Desde lo teórico, al menos, estaba la posibilidad. Un individuo armado podría dominar a tres jóvenes mujeres. Una respuesta que nunca satisfizo a la mamás, Susana Guarechi y Ofelia Mosconi. Están convencidas de que hubo más gente involucrada.

Para empezar, hubo fallas graves en la investigación y un intento de “borrar” del mapa a un grupo de marginales a quienes se acusó del crimen: Hilario Sepúlveda y Horacio “Horri” Fernández. Después de comprobó que no tenían nada que ver. Meses después, Carlos Aravena - testigo acusador del procedimiento policial -, apareció decapitado.

Otros datos empezaron a revelar una “colaboración” entre jefes policiales y organizaciones del submundo del delito. Aparecieron por primera vez en público los nombres de Sergio “Condorito” Dávila y Héctor Montecino, que con el tiempo se convirtieron en los cabecillas de dos bandas de narcotraficantes.

Hubo más, claro: el juicio a Guillermo González Pino, un delincuente peligroso con frondoso prontuario, fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión como partícipe del triple femicidio. Un fallo posterior del Superior Tribunal de Justicia anuló aquella decisión por pruebas insuficientes. Hubo un segundo juicio, a un grupo de cuatro marginales acusados de haber participado en el hecho. Errores de procedimiento llevó la causa a un callejón sin salida. Quedaron en libertad.

Y hubo un sinfín de acusaciones, denuncias y acusaciones que rasgaron el tejido social de una sociedad que hasta ese momento se había imaginado “inocente y pura”. El narcotráfico dejó de ser un delito que se veía en las noticias; los “retornos” dejaron de ser palabras que acusaban a la política; muchos eran mirados con recelo y resquemor.

En 1997 no había redes sociales, pero el “boca a boca” llevaba y traía versiones que iban cambiando según quien la contara. Hubo muchas movilizaciones reclamando justicia. Algunas más numerosas; otras más violentas. Ninguna igualará la impresión de 40.000 almas acompañando en silencio a las tres adolescentes hasta el cementerio local.