Prisión en suspenso para dos acusados de robar más de 3.600 metros de oleoductos en Catriel

En el marco de un procedimiento abreviado dos hombres aceptaron su culpabilidad en la sustracción de más de 3,5 kilómetros de ductos petroleros de una empresa del sector hidrocarburífero. Con acuerdo de la querella que representa a la empresa se determinó imponer de cumplimiento condicional. Mientras tanto, persiste una causa en el fuero civil, en la que la empresa reclama un resarcimiento económico.

El fiscal jefe que participó de la audiencia, Gustavo Herrera, sostuvo que el hecho investigado sucedió el día 27 de septiembre de 2019, en horas de la mañana. En esas circunstancias los imputados se hicieron presentes en el área petrolera “Barranca de los Loros” ubicado en cercanías del kilómetro 120 de la Ruta Nacional 151, con intenciones de robar.

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Según la acusación los hombres habría ejerciendo fuerza sobre las cañerías utilizadas para transportar hidrocarburos con algún objeto cortante retirando 3.652 metros aproximadamente de ductos de aceros de 6 pulgadas de diámetro. Para poder llevar a cabo su cometido utilizaron además una máquina retroexcavadora.

Una semana antes del hecho (el 20 de septiembre de 2019), la empresa autorizada a la explotación de los pozos petroleros había negado el ingreso a la zona a los imputados y también la realización de tareas de zanjado, extracción y saneamiento del área.

Al respecto el fiscal aclaró que para que la empresa que pueda realizar el retiro de los mismos se deben gestionar autorizaciones mediante estudios de impacto ambiental ante la secretaría de Energía y la secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Es que en el interior de los caños quedan restos de petróleo y se corre riesgo de contaminación. Estos permisos no habían sido tramitados porque la empresa no tenía la intención de retirarlos.

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La maniobra, tal como expuso el representante del Ministerio Público, fue descubierta por una inspectora de la actividad petrolera de la zona el 20 de agosto de 2019 que observó a un grupo de personas retirando los ductos. Al consultar que es lo que estaban haciendo, los imputados respondieron que tenían una autorización para realizar las tareas. El fiscal jefe aclaró que la maniobra se consumó una semana después de esa fecha puesto que las cañerías fueron retirados del lugar.

Como los acusados aceptaron su responsabilidad penal en el caso y la querella particular que representa a la empresa damnificado estuvieron de acuerdo en avanzar en un procedimiento abreviado parcial, se requirió una pena de prisión de cumplimiento condicional de tres años.

El Tribunal Colegiado integrado por Florencia Caruso, Marcelo Gómez y Guillermo Merlo convalidó el acuerdo judicial que alcanzaron tanto la fiscalía como la defensa de los imputados y la querella que representó a la empresa perjudicada por la maniobra.