Alquileres: al borde de un ataque de nervios
La variación del índice de precios está teniendo un fuerte impacto en el valor de los alquileres y renueva la polémica sobre la regulación que debe tener esta materia. Mientras las asociaciones de inquilinos defienden la modalidad de cálculo establecida en la ley vigente, los propietarios empujan para una adecuación en cuanto a tiempos y valores.
La ley 27.551 establece un Índice de Contratos de Locación, una fórmula que promedia la evolución de la inflación medida por el INDEC y la variación de los salarios según la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE). También determina un contrato por tres años y la actualización anual. De esta forma, quienes tuvieron que actualizar sus contratos en agosto sufrieron un aumento del 61 %. En cambio, los que habían firmado un mes antes tuvieron una suba del 57 %. Pamela Gaita, representante en la región del Frente Nacional de Inquilinos, defendió el espíritu de la ley y cuestionó el descontrol inflacionario: “Así no hay ley ni bolsillo que aguante”, reflexionó.
Pero los propietarios se quejan: en los últimos 12 meses, el IPC tuvo un aumento del 71 %, con lo cual han perdido 10 puntos porcentuales en relación a la inflación.
En el medio, está la puja por la reformulación de la ley. Las asociaciones de inquilinos pelean por mantener el espíritu de la legislación actual. Entienden que los tres años de duración de un contrato brinda estabilidad y seguridades a la parte más débil de la relación; y que la actualización anual es justa. Los propietarios buscan que se reduzca el plazo del contrato a dos años y que los aumentos se pacten al menos dos veces al año.
Gaita enfatizó que la mayor presión que vive el sector en la actualidad “es la de los propietarios que quieren rescindir el contrato con cualquier excusa en forma anticipada, cuando esto no se puede hacer”. De acuerdo a la legislación (actual y la anterior), estos convenios solo pueden ser denunciados por el locatario.
“Los únicos que quieren modificar la ley son los propietarios – advirtió Gaita -. Lo entendemos, pero también que nos entiendan a nosotros. En una familia que alquila, el salario de uno de ellos va a parar al alquiler”.
Para Gaita, es importante sostener el espíritu de la ley porque defiende al sector más débil. A su criterio, un alquiler es una relación comercial entre partes que no son iguales, por eso se necesita brindar una herramienta que contemple esa situación. De todos modos, aclaró que “por más ley que tengamos, si no se controla la inflación esto no funciona”.