Confirman que no hay delito en torno al plan de vacunación contra el Covid

En una audiencia realizada ayer, se confirmó la decisión de no investigar a autoridades del gobierno nacional, provincial neuquino y distintas personas que participan del plan vacunación contra el virus COVID-19. Fue a pedido de la fiscal del caso Valeria Panozzo.

La audiencia se efectuó a primera hora de la mañana en la Ciudad Judicial. Allí, la representante del Ministerio Público Fiscal planteó entre otros aspectos que los tres delitos que detallaron las personas denunciantes "no fueron desarrollados de manera tal que la fiscalía pudiera avanzar en alguno de ellos"; que la documentación que aportaron "carecía de aval científico"; y que la denuncia "fue algo genérico sin un solo hecho concreto".

En forma previa, en marzo pasado, Panozzo había desestimado la denuncia mediante una resolución, en la que planteó que los hechos descriptos por este grupo de personas que se opone al plan de vacunación por COVID-19, no constituían delito.

“Si bien la documentación aportada fue extensa (…) debo decir que analizada en su totalidad, la misma carece de aval científico”, había planteado en la resolución la fiscal del caso respecto al contenido de la denuncia. Con este argumento, entre otros, dispuso la desestimación de la presentación en la cual los denunciantes plantearon que el gobierno nacional, provincial y quienes participan en el plan de vacunación contra el COVID-19 habrían incurrido en los delitos de envenenamiento con medicinas, violación de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.

Sobre el supuesto “envenenamiento con medicinas” indicó que “es más que evidente, que lejos se está de la figura en estudio, pues se aplican protecciones estrictas para garantizar la seguridad de todas las vacunas contra la COVID-19 siguiendo un procedimiento de validación reconocido a nivel mundial”.

Añadió que “para recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos normativos nacionales, las vacunas contra la COVID-19 se sometieron a pruebas exhaustivas en ensayos clínicos para demostrar que se ajustan a los valores de referencia internacionales de seguridad y eficacia”.  Y destacó que “como ocurre con el resto de las vacunas, la OMS y los organismos normativos siguen monitorizando continuamente el uso de las vacunas contra la COVID-19 para confirmar que siguen siendo seguras para los que las reciben”.

Respecto al supuesto “ejercicio ilegal de la medicina” afirmó que “basta leer la norma (Código Penal), para que quede en evidencia que no estamos frente a esta hipótesis, pues sostener que cada persona que aplico una vacuna contra el Covid, ejerció ilegalmente la medicina, supondría investigar y acusar a gran parte del sistema de salud, entre otros”.

Y sobre la aparente “violación de los deberes de funcionario público”, puntualizó que “de la denuncia no se desprende cual sería autoridad que estaría cometiendo ese ilícito (nacional, provincial o municipal, etc.) ni cuál sería la resolución, orden”, más allá de efectuar “una mención genérica, no permitiéndome en consecuencia, expedirme al respecto, más allá de entender que este no es el fuero y ni la vía para resolver el planteo”.

Tras la resolución del pasado marzo, las personas denunciantes pidieron que la decisión sea revisada por un juez de garantías. Esto fue lo que ocurrió en la jornada de ayer, y el juez de garantías respaladó la decisión de la fiscal del caso.

Entre otros argumentos, el magistrado planteó que la competencia para investigar parte de la denuncia debería ser el ámbito de la Justicia Federal, no la provincial; y que el Poder Judicial actúa sobre casos concretos y no ante casos genéricos como fue planteado en las personas denunciantes.