Estará 45 días con prisión preventiva por golpear a su ex pareja

El hombre tenía una restricción de acercamiento a 500 metros de la casa de su ex pareja, en Fernández Oro. Pero durante el fin de semana violó esa prohibición, ingreso al domicilio por la fuerza, golpeó a la mujer, la amenazó y destruyó su teléfono celular. Todo en presencia de los hijos, menores de edad. Se trata de un caso testigo para la justicia rionegrina: desde el lunes rige una modificación en el Código Procesal Penal que otorga a los jueces mayores herramientas para aplicar medidas cautelares en casos de violencia de género.

En este caso, la jueza Sonia Martín le dictó prisión preventiva por 45 días con un argumento clave: sostuvo que la mujer tiene derecho a vivir libremente y sin ningún tipo de violencia. Y que por más que la víctima haya llamado al acusado – como se mencionó en la audiencia – él no tenía por qué golpearla y amenazarla.

Martín consideró como agravante el hecho de que el agresor se quedó en las inmediaciones e intentado ingresar a la casa en una segunda oportunidad. “Desafió todo tipo de autoridad y esperó a la policía”, sostuvo la magistrada al momento de fundar la medida cautelar.

La Fiscalía recordó que sobre el agresor pesaba una prohibición de acercamiento a 500 metros de la víctima. La orden había sido dictada el 12 de diciembre por Gabriela Rodríguez, jueza de Paz de Fernández Oro, y ratificada en el fuero de Familia de Cipolletti.

A pesar de esa medida, el imputado concurrió el sábado a la casa de su expareja, ingresó por la fuerza, la amenazó, la golpeó y le rompió el celular. La víctima alcanzó a llamar a la Policía, pero el hombre se quedó en las inmediaciones y finalmente fue detenido en un baldío de la zona. La jueza Martín aceptó los cargos por los delitos de desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, lesiones, daños y amenazas.

El Ministerio Público Fiscal requirió la prisión preventiva y el defensor público la realización de un juicio abreviado.  La jueza dictó la prisión preventiva por 45 días. Consideró que carecía de facultades para ordenarle a la Oficina Judicial o a un juez o jueza de juicio la realización inmediata de un procedimiento abreviado. Por ello fijó el plazo de un mes y medio de prisión.