Denunciaron a autoridades de Fadecs en la Justicia Federal

Un abogado y funcionario judicial, quien es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, presentó una denuncia penal en la Justicia Federal para que se investigue al Decano Carlos Pescader y al resto de sus colaboradores por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la toma del Decanato que impidió durante 28 días el normal dictado de clases.

El denunciante, quien actualmente cursa un Posgrado en esta Casa de Estudios, también solicitó el inmediato desalojo de las instalaciones para permitir que más de 3000 alumnos regrese a las aulas.

El escrito fue presentado el viernes por Pedro Urra -que se desempeña como secretario del juzgado de Instrucción N°6- quien solicitó al fiscal Alejandro Moldes que inicie las actuaciones correspondientes para determinar si existió algún tipo de responsabilidad en el manejo de las instalaciones de esa sede universitaria.

El abogado hizo un extenso relato desde diciembre de 2015 cuando la empresa Litoral Cleaning SRL adeudaba salarios a las trabajadoras en conflicto. Desde ese momento, el profesional realizó una detallada descripción del conflicto que llevó a la toma de las  instalaciones y a la suspensión de las actividades académicas.

Para Urra, tanto el Licenciado Carlos Pesacader, como la vicedeanda Ana Matus y el Licenciado Guillermo Maqueda -entre otras autoridades de la Fadecs- son garantes “en su calidad de Funcionarios Públicos Nacionales, y de las obligaciones que los mismos poseen para con el respeto de la legalidad en sentido estricto (art. 18 de la C.N.), como en sentido sustancial, y el deber de resguardar el patrimonio de la Universidad, tanto como el objeto de impartir enseñanza Universitaria”.

Tomando como eje la Ley de Ética Pública, y detallando la responsabilidad que le cabe a los funcionarios nacionales para garantizar el normal dictado de clases, Urra pidió que se investigue el accionar de las autoridades de la Fadecs, más allá de las actuaciones que actualmente se tramitan en ese juzgado Federal por “usurpación”.

“Por otra parte, sí le solicitaré al representante del Ministerio Público Fiscal, se investigue a las autoridades de la Fadecs, Decano, Vice Decana, Secretario Académico, los secretarios académicos... y todo otro involucrado, conforme surja de las probanzas. Quienes por medio de sus acciones e inacciones han facilitado los  medios para poder realizar la toma de las instalaciones. Esto desde un punto de vista estrictamente material, del acceso a las instalaciones, la entrega de las llaves, etc.”, expresa el escrito.

Además pidió en el escrito:

• “Se investigue el incumplimiento de los deberes de funcionario público del art. 248 del C.P., de las autoridades de la Fadecs, Decano, Vice Decana, Secretario Académico, los consejeros  firmantes de la nota de página 11, que en tanto garantes del patrimonio y fines de la institución, han omitido accionar y/o han accionado de manera contraria a sus deberes públicamente adquiridos. Para evitar sufrir un perjuicio político entre sus adeptos.
• Se investigue la omisión o retardo de los deberes de funcionario público del art. 249 del C.P., de las autoridades de la Fadecs, Decano, Vice Decana, Secretario Académico, los consejeros académicos firmantes de la nota de página 11, que en tanto garantes del patrimonio y fines de la institución, han omitido accionar y/o han accionado de manera contraria a sus deberes públicamente adquiridos. Para evitar sufrir un perjuicio político entre sus adeptos.
• En el entendimiento que habría existido de parte de las máximas autoridades de la Fadecs, Decano, Vice Decana, Secretario Académico, los consejeros académicos firmantes de la nota de página 11, no solamente una gestión del conflicto en post de obtener réditos políticos, por medio de actos y/o omisiones indebidos a su función, sino que además tales conductas en cuanto han encubierto “Hechos Ilícitos”, tales como la Usurpación, el Daño, Amenazas, entre otros hechos. Conducta que queda comprendida en las previsiones del art. 277 del C.P.”  

 En este sentido remarcó que esta conducta “ocasiona un grave daño ya que frustra el fin mismo de la Universidad Pública, que es la enseñanza. Mal logra la asignación presupuestaria realizada, pues los docentes no dan clases, los alumnos no pueden estudiar, y en definitiva, se destinan fondos cada mes a una actividad inexistente”.

“A la fecha se dejó bajo el control material de personas indeterminadas, los documentos públicos que documentan la vida universitaria de cada uno de los estudiantes, que pueden ser dañados, suprimidos o adulterados, sin ningún control. Circunstancias de suma gravedad, sin que las autoridades tomarán las debidas medidas a su respecto”, expresó en el escrito. (ANR)

NdR: La nota en cuestión a la que hace referencia (en la página 11) es la que las autoridades de Fadecs enviaron al Juez Hugo Greca para que no intervenga en el conflicto que se había generado en la Facultad de Roca.