"Lo despidieron por denunciar a funcionarios que violaron derechos humanos"
La abogada de Santiago Villegas, Victoria Naffa Pietro, rechazó los términos de la resolución del Superior Tribunal de Justicia y sostuvo que los motivos por los cuales fue cesanteado el empleado judicial “tienen que ver con su compromiso y participación (fuera de horario laboral) de diversas manifestaciones en defensa de derechos humanos”.
La abogada dio a conocer un informe y aclaró que “se le imputan cuatro hechos relacionados a estas manifestaciones, pero con aseveraciones falsas y extremos no acreditados. Es imperiosa la necesidad de explicar lo que oficialmente el Poder Judicial está transmitiendo”
Aclaró que:
- “No es cierto que Santiago haya participado en manifestaciones donde se generaron destrozos. De hecho todas las manifestaciones en reclamo de Justicia por Pablo Vera fueron pacíficas y los incidentes que se produjeron en el Poder Judicial en Noviembre de 2014 no pueden ser imputados a Santiago ya que ese mismo día él estuvo rindiendo una materia en la facultad, como quedó sobradamente probado en el sumario. De hecho Santiago no está ni siquiera imputado en la causa en la que se investigan los daños al poder judicial”.
- “Lo acusan ridículamente de ‘Facilitar el celular del juzgado de turno a un número determinado de personas al publicarlo en Facebook de una agrupación política’. Acá está clara la persecución política. En primer lugar el teléfono de turno es de conocimiento público, de hecho es común la comunicación de abogados y policías con los juzgados durante los días inhábiles. Pero cabe destacar que con anterioridad a la instrucción misma del Sumario funcionarios del Poder Judicial realizaron tareas de ‘inteligencia’ sobre el Facebook de Santiago y de las agrupaciones políticas que participaban de las movilizaciones. Cabe aclarar también que no hay evidencia en el sumario que Santiago haya publicado desde su perfil de Facebook información alguna. Solo hay publicaciones de una agrupación estudiantil, pero se demostró por testimonios diversos que Santiago no tenía acceso a dicho perfil”.
- “Otro de los puntos irrisorios es que le imputen ‘Efectuar vigilancia y seguimiento de funcionarios judiciales presumiblemente con la intención de producir escraches o daños en sus domicilios’. Esta acusación hecha por el Sumariante Pedro Urra es de extrema gravedad. Se le está imputando un hecho gravísimo sin prueba alguna. 5 testigos declararon que esto no fue cierto, mientras que solo uno acusó a Santiago de este extremo. Pero solo se le dio credibilidad a este último. Este testigo es trabajador contratado del propio poder Judicial y reconoció en el expediente que no pudo ver a Santiago en seguimiento alguno y que fue a causa de hablar con funcionarios judiciales que le dio entidad a este extremo. Ni siquiera se determina a qué funcionario Santiago ‘habría’seguido, ni que escrache tenía la intención de hacer.
- “Por último se le imputa haber ‘endilgando a funcionarios judiciales la comisión de delitos de acción pública, como son la tortura, la privación ilegítima de la libertad y el encubrimiento' a medios de comunicación. Resulta peligroso que el máximo tribunal de justicia de la Provincia desconozca un derecho fundamental como la libertad de expresión de un ciudadano o militante político en su calidad de tal.
La abogada defendió cada uno de los puntos de la resolución por la cual Villegas fue cesanteado y respondió de esta manera a la publicación de ANR donde se daban a conocer los motivos por los cuales había sido despedido del Poder Judicia.
“La verdadera razón que motivó la cesantía de Santiago fue el haber denunciado hechos de torturas y malos tratos por parte de policías a los familiares y amigos de Pablo Vera en la represión que los mismos sufrieron en el 2014. Un trabajador Judicial no debe tener ‘fidelidad’ a funcionarios cómplices de violaciones a los derechos humanos. Eso tiene que quedar claro. Un trabajador judicial no puede ser cesanteado por haber denunciado, en su carácter de ciudadano comprometido con un verdadero sentido de justicia, a funcionarios que violaron derechos humanos, o que entorpecieron la investigación respectiva”, explicó en otro de los párrafos la abogada.
Y enfatizó que fue despedido “por su compromiso con la verdad y por la defensa de los derechos humanos que los funcionarios a los que denunció deberían haber hecho cumplir como prioridad”.