Fuerte rechazo a la baja en la edad de imputabilidad en la ciudad

Distintos sectores de la Provincia y el Municipio reaccionaron en contra de la campaña del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para bajar la edad de punibilidad a los 15 años.

Organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos, el Consejo de Niñez y Adolescencia (CONYA), la Pastoral de Migraciones, UNTER, y otros, se pronunciaron fuertemente en contra de esta “movida política” y afirmaron que sería regresivo en materia de derechos humanos además de inconstitucional.

La abogada Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos, señaló: “Esto tiene un fin partidista porque en realidad los porcentajes de niños cometiendo delitos vienen disminuyendo año tras año en todo el país. Hoy está entre el 2 y el 4 por ciento. Las normas no tienen que estar escritas para lo excepcional, tienen que estar escritas para la generalidad”.

Además, afirmó que responsabilizar a los niños y adolescentes de la inseguridad, y los delitos graves, no es correcto ya que no sólo el número de infractores es ínfimo sino que a veces es inexistente. “Hay delitos muy graves que se han cometido en el país y que han crecido como el narcotráfico, la trata de personas o los crímenes graves -como el triple crimen- y no podemos atribuírselos a adolescentes. No debemos poner la mira de todo el tema de seguridad en adolescentes, sino en quienes son responsables de la comisión de estos graves delitos: los adultos”, aseguró Calafat.

Desde el Concejo de Niñez y Adolescencia, Julieta Ronzoni, señaló: “Esto es regresivo en materia de derechos humanos porque si los chicos hoy son punibles a partir de los 16 años bajar la edad a los 15 es ir para atrás en un derecho que ya está ganado”. 

Calafat afirmó que los derechos humanos son parte básica de la Constitución Nacional y que cualquier procedimiento en contra de ellos e ilegal: “Muchas veces se confronta como que los derechos humanos no tienen que ver nada con la seguridad. Los derechos humanos son parte básica de nuestra ley. Cuando nosotros no cumplimos con ellos no cumplimos con la ley, es decir, actuamos ilegalmente. No puede ser que la seguridad este confrontada con los derechos humanos”.

Además, la abogada expresó: “El Comité de los Derechos del Niño nos ha indicado expresamente que no debemos bajar la de imputabilidad y sin embargo no se está escuchando a quienes son los interpretes de la Convención que forma parte de nuestra Constitución”.

Otro de los puntos que sostiene el CONYA es que la inversión debe ser en políticas de protección ya que la violencia deviene de la desigualdad ocasionada por no poder garantizar los derechos de los niños.

“El año pasado UNICEF hizo un estudio y dijo que la mitad de la población infantil está bajo la línea de pobreza, creemos que hay otras cuestiones que se deben planificar en la esfera de la política pública por parte del estado que no tienen que ver con la punibilidad. Creemos que lo que hay que hacer es invertir en políticas de protección no de castigo”, declaró Ronzoni.  

En sus declaraciones, el Ministro Garavano habló de la importancia de un régimen penal juvenil con la baja como punto central para que el niño asuma su responsabilidad y poder llegar a él a través de un abordaje “que no lo lleve por un camino en el que pierda su vida”. 

Ante este tipo de declaraciones que afirman sería buena la baja para actuar por los niños en situación de vulnerabilidad, el CONYA señaló: “Para hacer algo están todas las políticas de protección y de promoción. No hace falta cometer un delito para que se puedan implementar. Y para esas situaciones en las que ya hay un delito cometido lo que necesitamos Sistema de Responsabilidad Penal Especial Para Adolescentes”.

El Consejo de Niñez y Adolescencia, en conjunto con otros organismos, presentaron en la legislatura de Rio Negro un proyecto de ley para un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. “Eso significaría que los chicos que tienen una situación de delito puedan responsabilizarse de lo que cometieron sin necesidad de bajar la edad y con una justicia que esté acorde a las características de esa población, que es una población en desarrollo”, señaló Ronzoni.

Y además, explicó que para lograr que funcione correctamente el proyecto no sólo debe aprobarse, reglamentarse y presupuestarse. El Estado también debe hacerse cargo de que sus instituciones realicen los trabajos y los procedimientos como es debido. La representante de CONYA declaró: “A fines del año pasado se hizo un protocolo para que los chicos no se demoren en comisarías sino en los CAD (Centros de Atención y Derivación), pero eso no existe en todas las ciudades, en Roca no hay”.

La conclusión a la que llegaron ambas profesionales es que el Estado debería responsabilizarse por actuar adecuadamente. Primero, garantizar que los derechos de los niños se cumplan. Y después, garantizar que los procedimientos para aquella minoría que comete delitos también sea la debida.

La Abog. Ana Calafat concluyó: “No es que los niños están en deuda con la ciudadanía, sino que los adultos tenemos que preocuparnos y ver que no estamos cumpliendo con las necesidades que hoy están sufriendo los niños, niñas y adolescentes en nuestra comunidad”. (ANR)