Aguiar y ATE se sacan de encima 30 causas judiciales: Deberán pagar 250 mil pesos

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebraron el acuerdo alcanzado con la justicia para darle un cierre a las distintas imputaciones que tenían en la mira a dirigentes por los delitos de tomas de pozos de gas y petróleo, cortes de ruta, usurpación, privación ilegítima de la libertad, daños, ocupación de edificios públicos y lesiones, entre otros.

De esta forma, Aguiar logró evitar los juicios en más de 30 causas y delitos federales que se le imputaban, junto a otros dirigentes que también resultaron beneficiados.

Desde el gremio lo consideraron “uno de los mayores avances logrados para poner límites a la criminalización de la protesta social en la provincia”.

Además del Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar, fueron beneficiados otros 14 dirigentes sindicales y sociales -dentro de los que se encontraban los secretarios generales Federico Gabarra de la seccional Alto Valle Este y Rosa Ñanco de Villa Regina.

"Se trata de un acuerdo ampliamente satisfactorio que nos permite evitar un juicio en más de 30 causas en las que la justicia pretendía llegar a procesarnos por el simple hecho de reclamar mejoras laborales y sociales. Se nos imputaban delitos federales gravísimos. Sin dudas que esta decisión del Juez Greca pone límites al grave proceso de criminalización y persecución judicial que padecemos desde hace tiempo en la provincia", señaló Aguiar.

“El Juez Federal Hugo Grecia ratificó el acuerdo de Suspensión de Elevación a Juicio al que arribaron la Fiscalía a cargo de Alejandro Moldes, las diferentes querellas, que en su mayoría representaban a la empresa YPF y a organismos nacionales como SENASA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Policía Federal, con la defensa penal de Aguiar ejercida por la abogada Ailen Roca” explicaron desde el gremio.

Detallaron además que “el acta rubricada entre las partes estipula una reparación económica simbólica destinada como una donación a una Institución de Bien Público, que en este caso será de 250.000 pesos al Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca y otras sumas menores destinadas a algunos damnificados”.

Además, el Juzgado Federal impuso a los dirigentes el cumplimiento de algunas pautas de conductas, referidas esencialmente a lo no comisión de delitos en la jurisdicción de la ciudad, ni avalar por ningún medio conductas que se consideren violatorias de la ley. (ANR)