29/11/2017

Sacerdote condenado por abuso sexual: La verdad que ocultó el Obispado del Alto Valle

Tras conocerse el fallo, surgieron datos reveladores del accionar del religioso y también del Obispo Marcelo Cuenca quien habría recomendado a la víctima "que no formulara la denuncia penal"

Lucho
La víctima dijo que el obispo le recomendó no hacer la denuncia, según se desprende del fallo de la Cámara Tercera del Crimen.
Foto: Gentileza Río Negro.
Foto: Gentileza Río Negro.

Por Luis Leiva

 

El 3 de octubre, ANR publicó en exclusivo el caso que conmovió a los feligreses católicos del Alto Valle. Por primera vez, un sacerdote -Juan José Urrutia- iba a sentarse en el banquillo de los acusados por haber abusado sexualmente de un menor de 14 años. 

Pasaron casi dos meses desde que se conoció esa información y este martes (28/11), la Cámara Tercera del Crimen emitió su falló y condenó al religioso a 8 años de prisión.

Sin embargo, con el paso de las horas, se fueron conociendo más detalles del hecho y de las circunstancias que rodearon el conmovedor caso que promete llegar a las máximas esferas de la Iglesia Católica.

Es que tras la publicación que efectuó ANR, la Diócesis del Alto Valle emitió un comunicado de prensa pidiendo perdón por ese hecho, y aclarando que el sacerdote en cuestión había sido sometido a un juicio canónico (proceso de la Iglesia) por su falta. Sin embargo, lo que omitieron aclarar es que en realidad el proceso fue por otro caso (no por el que se ventiló en la Justicia) donde el propio Urrutia reconoció haber mantenido "actos impuros consentidos", pero con otro menor.

Una verdad a medias...

Tras conocerse la noticia sobre el juicio al primer sacerdote católico en Río Negro, la  Diócesis del Alto Valle dio a conocer un documento que llevaba la firma del Obispo Marcelo Cuenca, y los obispos eméritos Néstor Hugo Navarro, José Pedro Pozzi (fallecido el domingo), con un mensaje dirigido "al Pueblo de Dios".

Allí se hacía referencia al juicio contra el religioso y reconocieron que era miembro de esa comunidad desde su ordenamiento en el año 2000. También remarcaron que prestaba servicios como sacerdote en la Iglesia Santa Catalina, de Allen.

"Desde septiembre de 2013, se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico; realizado en la Diócesis, por mandato de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe", expresaron en la información que fue difundida a través de distintos medios de comunicación.

Incluso se aclaró que en el  año 2014 "fueron anoticiados informalmente de una denuncia penal en su contra ante la justicia provincial. Teniendo este Obispado, en la persona de su Diocesano, una actitud de plena colaboración en la investigación llevada a cabo por la justicia provincial, actitud que seguirá manteniendo hasta el final del juicio que se inicia ahora".

Además expresaron "dolor y vergüenza por los hechos denunciados y a juzgar". "Nuestro humilde pedido de perdón a ellos, y a todos aquellos varones y mujeres que vuelven a escandalizarse, pudiendo llegar a dudar en su fe, por el pecado de quienes estamos convocados a cuidarlos y animarlos en el camino del seguimiento fiel de Jesucristo".

Lo que la sentencia dijo y omitió el Obispado

Pero tras conocerse el fallo, surgieron algunos datos que resultaron sorprendentes, no sólo para la familia sino para los propios magistrados quienes en su sentencia pusieron claridad ante una situación que despierta más de una sospecha.

ANR tuvo acceso a la sentencia que lleva la firma de los jueces Fernando Sánche Freytes, Laura Pérez y Natalia González. Allí se brindan los detalles del proceso judicial en contra del sacerdote, quien en 2010 además de ofrecer cerveza al menor abusó sexualmente de él en tres oportunidades.

El joven, ahora de 21 años, contó en el juicio que cuatro años después del hecho, le relató lo sucedido a María Belén Barrios, una laica consagrada que trabajaba en la parroquia. Luego tomaron conocimiento el padre Yamanouchi y sus propios padres.

"Recordó (la víctima) que tuvo una reunión con el Obispo Cuenca, quien le refirió que no formulara la denuncia penal, y que todo se solucionaría en el marco eclesiástico", se especifica en el fallo.

Pero el punto en cuestión es que el comunicado de prensa de la Diócesis del Alto Valle terminó reconociendo una verdad a medias. Es real que el sacerdote fue hallado culpable en el proceso religioso pero lo que no aclararon los obispos es que no fue por el caso del menor denunciante sino por otro caso de un menor que también habría sido abusado por el sacerdote. (NdR: Este medio se resguarda los detalles de este delito ya que todavía no fue denunciado penalmente pero sí trascendieron en el proceso).

Lo que queda claro en la sentencia es que en el proceso canónico el propio Urrutia reconoció haber cometido "actos impuros consentidos" pero no en relación al menor de 14 años, sino en relación a otro proceso que también afrontó internamente el religioso, quien tras la denuncia ante el Obispo fue retirado inmediatamente de la Iglesia de Allen sin que mediara ningún tipo de explicación por parte de la Diócesis del Alto Valle.

En el juicio, el obispo Marcelo Cuena brindó su declaración aunque por escrito. "Se desprende, como dato interesante para la decisión de este caso (a modo de indicio), que tomó conocimiento de este hecho realizando una visita al Padre Fidel Yamanouchi en la Parroquia Santa Catalina, a mediados de 2014, entre él, la víctima, la Srta. María Belén Barrios y el padre ya citado. Agregó que el padre Urrutia se presentó y declaró haber cometido 'actos impuros consentidos' (pero en relación al caso...brinda detalles del otro menor) y por ello fue suspendido del ejercicio ministerial público en la Diócesis del Alto Valle". (ANR)

 

   

 

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