Viernes, 17 de noviembre de 2017
Pidieron 8 años de prisión para el sacerdote católico acusado de abuso sexual

Pidieron 8 años de prisión para el sacerdote católico acusado de abuso sexual

El hecho ocurrió en 2010 en la ciudad de Allen y se guardó bajo un fuerte hermetismo por parte de la Diócesis del Alto Valle.

Juan José Urrutia, el sacerdote católico que fue acusado de abuso sexual por parte de un adolescente de 14 años, podría ser condenado a 8 años de prisión. Al menos ese fue el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal mientras que la defensa solicitó la absolución del religioso quien escuchó atentamente la acusación en su contra.

Según fuentes judiciales, el fiscal Andrés Nelly solicitó el pedido de condena para el religioso quien prestó servicios en 2010 en la ciudad de Allen y un año después desapareció sin dejar rastros y sin que la Diócesis del Alto Valle diera una explicación sobre el caso.

Recién seis años después y a partir de una publicación de ANR, se supo que el sacerdote estaba llegando a juicio por una denuncia de abuso sexual que recién se transformó en una causa penal en el año 2014. El fiscal pidió la pena mínima por este tipo de hechos, que había sido calificado como: abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Y agravado por ser un ministro de culto”. El código estipula una pena máxima de 20 años de cárcel.

Fuentes judiciales señalaron que el testimonio de la víctima, quien prestó declaración en el proceso, fue uno de los principales argumentos del fiscal quien pudo ratificar el sometimientos al cual habría sido sometido el joven en una vivienda ubicada en el propio predio donde se encuentra la Iglesia Santa Catalina. 

Juicio canónico

Tras la publicación de ANR, la Diócesis del Alto Valle de Río Negro pidió perdón a la víctima y su familia, en un comunicado oficial, donde se indica que tanto el Obispo Marcelo Cuenca, como los Obispos eméritos José Pedro Pozzi y Néstor Hugo Navarro estaban al tanto de la situación.

Los obispos expresaron “nuestro dolor y vergüenza por los hechos denunciados y a juzgar; nuestra solidaridad con el dolor de quien denunciara las acciones y su familia, y nuestra disponibilidad cercana en todo cuanto pudiera aliviar el mismo; nuestro humilde pedido de perdón a ellos, y a todos aquellos varones y mujeres que vuelven a escandalizarse, pudiendo llegar a dudar en su fe, por el pecado de quienes estamos convocados a cuidarlos y animarlos en el camino del seguimiento fiel de Jesucristo y nuestro compromiso para velar que situaciones como esta no se presenten en el seno de nuestra Iglesia local” indicaron en el documento público”.

Se expresa que el acusado es miembro del presbiterio diocesano desde el año 2000 y que ejerció el ministerio hasta el año 2011 “fecha a la cual se desempeñaba como Canciller en la Curia diocesana y Párroco en Allen”.

“Desde septiembre de 2013, se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico; realizado en la Diócesis, por mandato de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe”, se aclara.

Se informa que reside en un lugar “donde el Obispo diocesano ha determinado conforme a la caridad debida a un hermano Sacerdote, a pesar de sus pecados y/o delitos, y la prudencia aconsejada por aquellos profesionales del derecho y la salud a los que se recurrió, junto con el debido acompañamiento profesional y espiritual”. (ANR)

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