Sábado, 23 de septiembre de 2017
Dura acusación del Gobierno provincial al juez Marigo por la causa Ipross

Dura acusación del Gobierno provincial al juez Marigo por la causa Ipross

Aseguran que busca “trabar la gestión” asumiendo "un rol opositor".

El gobierno de Río Negro emitió un duro comunicado en el que acusa al juez de Bariloche Rubén Marigo de intentar “trabar la gestión”, luego de este aplicara una multa diaria de 500 pesos al presidente de la obra social Ipross, Claudio Di Tella, por no presentar la documentación solicitada respecto de los convenios firmados con el Colegio Médico Bariloche, el estado de deuda y planes de pagos.

En el escrito, el ejecutivo provincial aseguró que Marigo “vuelve a mostrar la injerencia de la política en un sector de la Justicia que asume un rol opositor a la gestión de Gobierno”.

Asimismo, destacó que lo hace “abonando al circo mediático impulsado por el legislador Alejandro Ramos Mejía, el amparista”.

“No se entiende cuál es el motivo que impulsa al señor juez a mantener vivo el amparo, un dislate que ha sido mantenido en los medios de comunicación por el amparista en los últimos días, y del que parece haberse hecho eco el magistrado. Cabe preguntarse entonces si existe algún vínculo político entre el magistrado y el legislador, quien ha sido protagonista en los últimos tiempos de un sinfín de decisiones judiciales contra la Provincia de Río Negro”, sostuvo.

Comunicado completo:

La decisión del juez de Cámara de Trabajo de San Carlos de Bariloche, Rubén Marigo, de imponer astreintes diarias al presidente del IPROSS, Claudio Di Tella, por un supuesto incumplimiento de obligaciones impuestas en el marco de la causa judicial por el corte en las prestaciones en esa ciudad, vuelve a mostrar la injerencia de la política en un sector de la Justicia que asume un rol opositor a la gestión de Gobierno.

Prueba de ello es que, ante similar situación, ante la solución del problema que generó amparos similares ante el corte sufrido en las prestaciones a los afiliados a la obra social, la Cámara Laboral de Viedma declaró abstracto el planteo de los amparistas. En cambio, el juez Marigo decidió mantener vigente y profundizar sin razón los alcances de la medida judicial, abonando al circo mediático impulsado por el legislador Alejandro Ramos Mejía, el amparista. Se demuestra así que mucho más allá de preocuparse por los afiliados, el único objetivo es perjudicar la gestión de Gobierno.

Luego del corte de los prestadores en forma inflexible poco antes de las elecciones PASO, el 17 de agosto pasado se restableció el servicio médico temporalmente interrumpido en San Carlos de Bariloche, situación que fuera notificada en el expediente judicial a través de notas de conformidad por los distintos prestadores, como respuesta a las notas de propuesta de pago realizadas por el IPROSS.  Desde esa fecha, todos los afiliados a la obra social cuentan con la cobertura de ley, hecho que es público y notorio, y no existiendo a la fecha inconveniente alguno en las prestaciones.

No se entiende entonces cuál es el motivo que impulsa al señor juez a mantener vivo el amparo, un dislate que ha sido mantenido en los medios de comunicación por el amparista en los últimos días, y del que parece haberse hecho eco el magistrado. Cabe preguntarse entonces si existe algún vínculo político entre el magistrado y el legislador, quien ha sido protagonista en los últimos tiempos de un sinfín de decisiones judiciales contra la Provincia de Río Negro. Sin dudas, éste juez barilochense es el elegido por la oposición política rionegrina para judicializar los distintos temas de la agenda política.

Como dato ilustrativo, distinta fue la decisión adoptada por la Cámara de Trabajo de Viedma en dos amparos colectivos de similar naturaleza (“Sitrajur” y “Rochás”) interpuestos esos mismos días y en los que los jueces, con un sentido común y lógica impecable, declararon abstractos ya que la Provincia de Río Negro logró demostrar haber restablecido los servicios médicos en forma oportuna, algo que parece no interesarle al magistrado barilochense.

En definitiva: IPROSS realizó un acuerdo de pago con los prestadores, los servicios se restablecieron y por ende, carece de sustento cualquier implicancia del amparo presentado por Ramos Mejía, salvo que haya algún tipo de intencionalidad de generar trabas para la función de la obra social, que nada tienen que ver con los afiliados, sino simplemente con chicanas políticas. (ANB)

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