Desde Nación aseguran que volcarán $1.500 millones a la Fruticultura

A los $540 millones anunciados ayer durante la reunión multisectorial se suman los $600 millones de diferimiento impositivo por la ley de emergencia y la disponibilidad de financiamiento de $300 millones a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Al menos eso es lo que destacó el diputado nacional Sergio Wisky, quien encuadró este apoyo en el contexto de “un gobierno que escucha y hace” y recordó que “semanas atrás, por primera vez en años un Presidente recibió a los productores”.

El diputado destacó el resultado de la reunión multisectorial para la fruticultura donde se determinó un apoyo de Nación por 540 millones de pesos para la cadena de la pera y la manzana, considerando que “esto es lo que sucede cuando hay un gobierno como el de Mauricio Macri, que escucha y hace”.

“Con estos 540 millones, el apoyo nacional alcanza casi 1.500 millones”, remarcó Wisky, señalando que este resultado se obtiene de sumar los “600 millones que significará el diferimiento impositivo de la ley de emergencia para el sector y 300 millones de financiamiento disponible a través del BICE”.

Dijo que “hace un par de semanas por primera vez en muchos años un Presidente de la Nación recibió a los productores y asumió el compromiso de trabajar junto a ellos para encontrar una solución” y consideró que “este apoyo concreto es producto de esta decisión política, pero sólo es uno de los primeros pasos en un camino que tenemos que transitar entre todos y que apunta a soluciones profundas y duraderas para una crisis que lleva muchísimos años”.


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Durante la reunión multisectorial de ayer desde Agroindustria de Nación se determinó, por un lado, un fondo específico de $240 millones para el Plan Sanitario y, por otro, $300 millones para financiar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro).

En relación al Plan Sanitario, se presentó el proyecto para la lucha contra la Carpocapsa (Cydia pomonella), en el que se incluye para ambas provincias productoras, la erradicación de montes abandonados, la utilización de trampas de confusión sexual y control químico para productores de acuerdo a la cantidad de hectáreas.

Otra de las necesidades trabajadas fue la Ley de Emergencia para las cadenas, y el Ministerio de Agroindustria se comprometió a trabajar en la mayor brevedad posible para su reglamentación de esta norma que significará un diferimiento impositivo cercano a los 600 millones de pesos. Además, el Ministerio de Trabajo, pondrá a disposición el Programa de Recuperación Productiva (REPRO).

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa Arraigo, con la coordinación de la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, y técnicos del INTA, se avanzará en asistencia directa a pequeños y medianos productores para que puedan tomar mejores decisiones y reinsertarlos en una actividad sustentable. La herramienta incluye un aporte de $4.500 por mes y por cada productor que cuente con menos de 10 hectáreas. En este sentido, en esta etapa diagnóstica se está analizando en el armado de 60 grupos de 35 productores cada uno.

En torno a las herramientas de crédito y financiación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) refirió a un fondo disponible de $300 millones, y al igual que Banco Nación está trabajando en una línea específica para fondear a la fruticultura, que estaría disponible a partir de julio.

Con una mirada a futuro y con el objetivo de mejorar la calidad genética, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación se pondrá a disposición recursos transversales como el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), para la construcción de un banco genético en territorio. (Prensa-ANR)